Una joven identificada como Vanelly Zavala Hernández fingió su muerte mediante la publicación de esquelas falsas en redes sociales para evadir un presunto fraude que supera el millón de pesos cometido a través de tandas en el municipio de Juárez, Nuevo León.
El caso salió a la luz pública luego de que decenas de habitantes denunciaran que la mujer operó durante meses como organizadora de grupos de ahorro, ganándose la confianza de los participantes mediante la entrega puntual de aportaciones periódicas.
Sin embargo, en las últimas semanas la situación cambió radicalmente cuando las víctimas dejaron de recibir sus pagos y se interrumpió por completo la comunicación con ella, desatando una ola de reclamos en plataformas digitales.
Ante la creciente presión de los afectados por la desaparición del dinero, el círculo cercano de la acusada recurrió a una insólita estrategia para detener los cuestionamientos: simular su fallecimiento.
En diversas publicaciones de Facebook comenzaron a circular imágenes en blanco y negro con el rostro de la denunciada, acompañadas de mensajes luctuosos que aseguraban que sus restos estaban siendo velados en la funeraria La Fe.
No obstante, el engaño quedó al descubierto cuando el establecimiento emitió un comunicado oficial en su cuenta de redes sociales para desmentir categóricamente la información, aclarando que ningún servicio de esa naturaleza se estaba llevando a cabo en sus instalaciones y que no tenían conocimiento ni contacto con familiares o conocidos de la persona.
Esta aclaración incrementó la indignación de los defraudados, quienes consideran que la simulación de la muerte fue un intento desesperado por eludir responsabilidades legales y financieras.
Asimismo, los afectados han señalado en sus denuncias que la joven habría actuado en complicidad con dos personas allegadas, específicamente su esposo y una amiga, quienes presuntamente la habrían ayudado a ocultarse, aunque ambos se han deslindado públicamente de los hechos.
Mientras las investigaciones y los reclamos continúan creciendo, los perjudicados exigen la intervención de las autoridades competentes para esclarecer el paradero de los fondos y castigar a los responsables.
