Fiscalía descarta relación de Mariana Rodríguez y Poncho De Nigris con caso “Tía Paty”

La Fiscalía General de Justicia del Estado negó que la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el influencer Poncho De Nigris tengan algún vínculo con la red de extorsión asociada a las cuentas conocidas como “La Tía Paty”.

El fiscal Javier Flores Saldívar aseguró que las investigaciones realizadas hasta el momento no arrojan indicios que involucren a ambas figuras públicas, destacando que la responsabilidad recae únicamente en las personas actualmente señaladas dentro de las indagatorias.

En declaraciones al periódico El Horizonte, el funcionario explicó que, aunque existen diversas carpetas abiertas por este delito, las pruebas recabadas apuntan exclusivamente a los implicados ya identificados.

Asimismo, reveló que una persona ya fue sentenciada tras acogerse a un criterio de oportunidad, colaborando con las autoridades al proporcionar información clave que permitió identificar a Astrid “N”, una de las detenidas. Según el fiscal, no hay más involucrados hasta el momento.

Flores Saldívar indicó que las investigaciones continúan en curso, ya que actualmente suman siete carpetas y más personas han comenzado a presentar denuncias relacionadas con estos hechos.

Añadió que el objetivo es robustecer las indagatorias con mayores pruebas para sustentar tanto el delito como la probable responsabilidad de los acusados.

El fiscal reiteró que el caso presenta elementos suficientes para ser considerado delito y aseguró que se respetarán los derechos de los imputados durante el proceso judicial. También señaló que las cuentas vinculadas a “La Tía Paty” ya no están en uso, y que deben ser retiradas de las plataformas digitales.

Cabe recordar que el pasado 28 de marzo se dio a conocer que un agente del Ministerio Público imputó a Astrid “N”, de 33 años, y César “N”, de 39, por su presunta participación en el delito de extorsión.

Un juez determinó que existen pruebas suficientes para vincular a proceso a la mujer, quien deberá permanecer en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, además de fijarse un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

En el caso de César “N”, su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación legal, por lo que la audiencia continuará el próximo 31 de marzo de 2026. Mientras tanto, también permanecerá bajo prisión preventiva.